***CONTENIDO GRAFICO*** (Se recomienda discreción).
Fotografías con fines informativos y educativos.
El 23 de marzo de 1994, el candidato a la presidencia de la republica mexicana por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio, terminaba de dar un discurso en Lomas Taurinas, Tijuana. Cuando uno de los asistentes se acercó al político para dispararle en 2 ocasiones, logrando asesinarlo.
El Caso Colosio consternó a todo un país. Pues además de que sería el próximo presidente de México (sucesor de Carlos Salinas de Gortari), era muy querido por la gente. Colosio era visto en aquellos años como el único político que podía hacer prosperar al país. Pero fue asesinado por un obrero de nombre Mario Aburto.
Aquel fatídico día, Colosio llegó a Tijuana para realizar eventos de proselitismo, y según versiones de periodistas que cubrían la campaña del futuro presidente, el acto en el barrio popular de Lomas Taurinas no estaba en la agenda inicial.
Aproximadamente a las 4 de la tarde, el candidato Colosio estaba llegando a la explanada de la colonia de Lomas Taurinas (la que tres meses más tarde llevaría su nombre), para ofrecer un mitin a más de 4 mil personas.
Sin demasiada seguridad, el candidato sonreía, saludaba y se abría paso entre la gente que se amontonaba para entregarle una carta, saludarlo, abrazarlo o simplemente verlo.
A las 17:09 horas, Colosio terminó su discurso y se dirigió con su comitiva de regreso a la camioneta Blazer, que lo conduciría al Club Campestre de Tijuana. El orador pidió por el micrófono a los asistentes que lo despidieran. Como fondo sonaba fuerte la canción "La culebra" de la Banda Machos. Los integrantes del grupo Orden, Vallas y Porras (o Grupo Omega, formado por expolicías, cuya función era crear un segundo anillo de seguridad en torno a Colosio, luego de su escolta personal) de inmediato trataron de formar barreras para darle paso por el costado izquierdo del templete, pero no lo lograron porque la multitud de mujeres, niños, hombres y jóvenes se arremolinó en torno a él para saludarlo y entregarle peticiones, lo que lo forzó a caminar, con mucha dificultad, hacia el costado derecho. El cuerpo de seguridad quedó rebasado por la aglomeración y el apretujamiento. Frente al candidato caminaban el coronel Federico Reynaldos del Pozo y el mayor Germán Castillo, mientras que detrás de él venía el general Domiro García Reyes. En el flanco izquierdo iba el expolicía Fernando de la Sota, líder del Grupo Omega, y en el derecho el teniente Miguel Cimbrón.
A las 17:12 de la tarde, cuando Colosio había recorrido aproximadamente trece metros y medio en la explanada, uno de los asistentes al mitin logró penetrar el débil cerco de seguridad, puso un revólver Taurus calibre .38 cerca de su oído derecho y disparó. Inmediatamente el agresor hizo otro disparo que alcanzó al político en el abdomen, quien se desplomó inconsciente, sangrando profusamente de la cabeza. En medio de la confusión, los guardaespaldas capturaron a un hombre de unos 25 años, de complexión delgada, tez morena y pelo rizado, vestido con pantalón de mezclilla y una chamarra negra.
Elementos de seguridad levantaron a Colosio y lo llevaron en vilo hacia la camioneta Blazer estacionada a un lado del puente de madera, pese a que en el lugar había dos ambulancias; incluso en una de ellas estaba la entonces directora del Hospital General de Tijuana, Rosalinda Guerra. No habían recorrido más de 500 metros cuando los alcanzó otra ambulancia del Grupo de Rescate Delta. Domiro García Reyes ordenó que se detuvieran para cambiar de vehículo.
Mientras, otros guardaespaldas rodeaban al detenido, identificado como Mario Aburto Martínez, para protegerlo de los enfurecidos asistentes al mitin, quienes trataban de lincharlo. Inmovilizado, el agresor gritaba "fue el ruco, fue el ruco", refiriéndose a Vicente Mayoral, uno de los integrantes del grupo de seguridad, quien también fue detenido y presentado.
Menos de diez minutos después del atentado, la ambulancia arribó al Hospital General de Tijuana, ubicado a poco más de cinco kilómetros de Lomas Taurinas. A las 17:20 el candidato ingresó inconsciente al área de urgencias, en paro respiratorio pero con pulso. De inmediato lo transfirieron a quirófano, donde lo atendieron dos equipos de cirujanos simultáneamente: uno le realizó una craneotomía para la herida en la cabeza, con entrada en la región temporal derecha y salida en la región parietal izquierda; y el otro una laparotomía exploradora en la zona superior izquierda del abdomen.
Se realizaron diversas maniobras encaminadas a tratar de salvar la vida del paciente, pero médica y clínicamente era (imposible) por la gravedad de la lesión en la cabeza, no así la lesión que presentaba en el abdomen, ya que no hubo lesión en algún órgano interno, ya que la bala nunca atravesó el peritoneo parietal, siendo una lesión en sedal, y sin poder precisar el tiempo y a consecuencia de la gravedad no obstante todos los esfuerzos humanos y médicos que se realizaron, falleció el licenciado Colosio.
Aproximadamente a las 18:55, Colosio sufrió un paro cardiocirculatorio irreversible. Durante los siguientes 50 minutos los médicos realizaron labores de resucitación, sin resultado. Lo declararon muerto a las 19:45 horas, tiempo del Pacífico. Aunque llegó prácticamente muerto al hospital, la incógnita sobre su condición se mantuvo durante más de tres horas. Los políticos locales Amador Rodríguez Lozano (candidato del PRI a senador por Baja California) y César Moreno (presidente del Comité Directivo Estatal del PRI) informaron que la operación de abdomen había sido exitosa. A las 19:50, la directora del hospital, Rosalinda Guerra, declaró que esperarían a que concluyera la cirugía craneal, hacia las 20:20, para brindar alguna información, aunque para ese momento el candidato ya había expirado. Afuera del hospital -donde más de 600 personas esperaban noticias- y en general en todo el país se vivía un clima de tensión, dado que un crimen político de esa magnitud no se había visto en generaciones. Las cadenas de televisión y radio interrumpieron sus programaciones y se enlazaron con sus corresponsales y enviados en Tijuana. El hermetismo dio paso a especulaciones: se discutió si Colosio podría continuar como candidato, si quedaría en estado vegetativo o si sería trasladado a San Diego para recibir atención médica especializada.
Inmediatamente después del atentado, los guardaespaldas subieron a Mario Aburto a una camioneta Suburban negra, que empezó a avanzar entre el tumulto. Cuando el vehículo logró salir de Lomas Taurinas, fue detenido por elementos del Grupo Táctico Especial de la policía de Tijuana, quienes pidieron a gritos a los militares que se acreditaran. El coronel Reynaldos, quien iba al volante, les mostró su identificación y con eso pudieron seguir su camino.
Herido en la cabeza, cubierto de sangre, con la camisa abierta y esposado, Aburto fue conducido a la delegación de la PGR en Baja California, cuyo responsable era José Arturo Ochoa Palacios. Apenas llegó fue interrogado por primera vez. Aunque el encargado formal debía ser Raúl Loza Parra, subdelegado de la Policía Judicial Federal, intervinieron en total unas quince personas, entre miembros del Estado Mayor, policías judiciales y agentes del Ministerio Público, por lo que las preguntas se realizaron de manera desordenada y "sin orientación criminalística", a decir de la Subprocuraduría especial.
Aunque la Subprocuraduría especial concluyó que en Lomas Taurinas sólo se utilizó un arma para agredir a Colosio, reconoció que surgieron dudas debido a que los miembros del EMP no la entregaron inmediatamente, sino que la conservaron por unas horas, como también hicieron con la bala encontrada en el sitio. El desorden en el primer interrogatorio se debió sobre todo a que los militares prácticamente "tomaron" la sede de la PGR en Tijuana. Refiere Loza Parra:
"Al llegar con los detenidos, el cuerpo de seguridad del candidato no nos lo entregó inmediatamente, ni a mí ni a la guardia de agentes. Hicieron suyas las oficinas. Y como yo sabía que eran del Estado Mayor, les presté auxilio".
Veinte minutos después de Aburto, elementos del Grupo Omega llegaron con Vicente Mayoral, en ese momento escolta de Colosio. Durante esas primeras horas, el detenido evadió las preguntas y mantuvo un mutismo casi absoluto. Semanas después, ya en el penal de Almoloya, dijo que no recordaba nada lo que dijo esa tarde y noche porque le habían dado de beber alguna "sustancia extraña" o por un golpe que recibió en la cabeza.
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| Vicente Mayoral, ex escolta de Colosio |
Acusado de los delitos de homicidio calificado y portación ilegal de arma de fuego, Aburto fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México la mañana del 24 de marzo, y de ahí al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
La autopsia al cadáver de Colosio comenzó hacia las 9:30 de la noche y duró unas dos horas. Se estableció que la causa determinante de muerte fue una “herida por proyectil de arma de fuego, perforante de cráneo”. Hacia las 23:00 horas se emitió el parte médico. A las 3:10 del 24 de marzo se hizo la identificación oficial del cadáver ante una agente del Ministerio Público Federal y se elaboró el acta de defunción. El testigo fue el médico militar Álvaro García Taxilaga, de la Coordinación de Logística del PRI, quien de inmediato solicitó que se le entregara para trasladarlo a la Ciudad de México.
La investigación del magnicidio se prolongó por más de seis años.
Durante un tiempo, la única certeza que hubo sobre el asesinato fue que Aburto empuñó su revólver a unos centímetros de la oreja derecha de Colosio para dispararle. El asesino aprovechó que el candidato se abría paso entre sus simpatizantes, después de que la valla humana que debía protegerlo había sido rota, para acercarse y tirar primero hacia su cabeza y después al abdomen.
En el primer interrogatorio de la extinta Policía Judicial Federal, una hora después del crimen, Aburto aseguró que había planeado sólo herir a Colosio para llamar la atención de la prensa y exponer los problemas sociales del país. Surgieron versiones de que simpatizaba con el EZLN y que incluso había viajado a Chiapas antes del levantamiento de la guerrilla, el 1 de enero de 1994, o que era miembro de grupos opositores.
En su indagatoria, la Procuraduría General de la República (PGR) encontró que esas versiones no estaban sustentadas, al igual que las que lo vinculaban con la masonería, narcomenudeo, tráfico de ilegales, pandillas y sectas religiosas, entre otras.
La PGR concluyó que el obrero oriundo de Michoacán se interesaba desde joven por los problemas políticos del país, pero sin una definición ideológica precisa ni una afiliación a un grupo beligerante. Era un hombre aislado que había crecido en una familia desintegrada y disfuncional, con baja autoestima, impulsivo, inseguro y con facilidad para mentir.
Las indagatorias demostraron que era el único autor material del crimen; sin embargo, hasta el 2000, la PGR no tenía elementos para concluir si realmente no hubo un autor intelectual.
Aburto fue sentenciado en definitiva a 45 años de prisión en diciembre de 1994.
Una llamada telefónica.
Una versión que la PGR indagó fue una supuesta llamada telefónica que Colosio recibió la mañana de su asesinato, en la que se le advertía que debía renunciar a la candidatura presidencial.
La llamada, realizada a la habitación del Hotel Ejecutivo, en Culiacán, Sinaloa, habría sido recibida antes de las 7:00 horas. El candidato supuestamente respondió a su interlocutor que se atendría a las consecuencias de no desistir. Esa versión fue dada a conocer en octubre de 1995 por el entonces senador perredista Guillermo del Río Ortegón, quien declaró ante la PGR que un conocido de alto nivel le había confiado ese dato.
De gira por Sinaloa, Colosio había pasado la noche en ese hotel, del que salió para continuar sus actos el 23 de marzo por La Paz, Baja California, durante la mañana y mediodía, y Tijuana, por la tarde.
La PGR realizó diversas diligencias para confirmar la versión porque, además de la declaración del senador, recibió dos anónimos que hacían referencia a la llamada. Sin embargo, tiempo después terminó descartándola, tras corroborar los telefonemas que el candidato había recibido y hecho la mañana de su muerte.
La teoría del complot.
Casi un año después del homicidio, la PGR anunció que la muerte de Colosio había sido un complot porque tenía pruebas de la participación de un segundo tirador.
El 24 de marzo de 1995, el entonces procurador Antonio Lozano Gracia anunció la detención en Tijuana de Othón Cortés, un priista que era empleado del aeropuerto de la ciudad fronteriza. Las investigaciones, bajo la dirección del entonces fiscal especial Pablo Chapa, señalaban que Cortés había realizado el disparo que hirió al candidato en el abdomen, versión que contradecía los primeros peritajes.
Tres testigos imputaron al hombre ser el coautor del asesinato y hubo versiones que sugirieron de que en los meses previos había tenido contacto con el Estado Mayor Presidencial, encargado de la seguridad de Colosio, lo cual fue descartado. Cortés negó la acusación, tras asegurar que acudió al mitin de Lomas Taurinas porque era miembro del PRI local, de cuyos dirigentes había sido chofer y mensajero.
El hombre salió libre del penal de máxima seguridad del Altiplano, antes llamado Almoloya, el 7 de agosto de 1996, luego que el juez Jorge Pardo Rebolledo —hoy ministro de la Corte— lo absolvió del homicidio al determinar que no existían pruebas de su participación.
Uno de los factores que tomó en cuenta fue que las pruebas mostraban la imposibilidad de que Cortés realizará el segundo disparo, como acusaba la fiscalía.
Al igual que Cortés, otros seis hombres detenidos en diferentes momentos tras el atentado obtuvieron su libertad entre 1995 y 1996, y sólo Aburto permaneció preso. Cinco días después de la liberación de Cortés, el presidente Ernesto Zedillo ordenó la remoción de Chapa al frente de la Fiscalía Especial y la teoría del complot se fue diluyendo con el tiempo.
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| Othón Cortés. |
La teoría del narcotráfico.
Las versiones sobre una implicación de cárteles de la droga en el asesinato de Colosio fueron una constante en los meses y años posteriores.
En su informe final, la PGR da cuenta de haber indagado 28 versiones, conjeturas y presunciones sobre posibles vínculos del narcotráfico con el atentado, la mayoría vertidas en notas periodísticas de México y Estados Unidos. La dependencia incluso entrevistó sobre el crimen al capo Joaquín el Chapo Guzmán cuando se encontraba preso.
Guzmán, recapturado en enero de 2016, dijo entonces desconocer información al respecto, señalando que estaba en la cárcel desde antes del magnicidio y que sólo en una ocasión Aburto le había hecho comentarios al interior del penal.
Una teoría vertida en 1998 por un ex informante de agencias de Estados Unidos señalaba que el asesinato había sido por órdenes de Juan García Ábrego, ex capo del cártel del Golfo, porque Colosio había despreciado una cooperación de millones de dólares para su campaña ofrecida por su hermano, Humberto García Ábrego.
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| Juan García Ábrego |
La versión fue descartada al paso de las investigaciones, al igual que conjeturas que relacionaban a narcotraficantes de los cárteles de Tijuana y de Juárez, entonces poderosos en el país.
Una versión incluso llevó en 1997 a personal de la Fiscalía Especial a viajar a Colombia, donde un hombre aseguraba que se escondían tres narcotraficantes del cártel de Tijuana que habían participado en el crimen.
La única línea que tenía relación con drogas y que resultó cierta fue que el candidato del PRI utilizaba en su campaña un jet que, en 1989, había sido asegurado dentro de una investigación contra el hoy extinto Amado Carrillo Fuentes, del cártel de Juárez.
El avión pertenecía a la empresa Taxi Aéreo del Norte, propiedad de Sonia Barragán, esposa del capo, pero tras ser asegurado por la PGR había sido liberado en 1990 y un año después vendido a Aéreo Escorpión, del empresario Ricardo Canavati, quien lo prestó a Colosio.
La PGR concluyó que no existían indicios serios para considerar que cárteles de la droga hubieran intervenido en la planeación del asesinato de Colosio, ni que Aburto tuviera vínculos con narcotraficantes.
Expediente cerrado.
Más de seis años después del asesinato, el 20 de octubre del 2000, la PGR decretó la reserva del expediente, que para entonces constaba de 174 tomos, 68,543 fojas y 296 anexos. El fiscal especial Luis Raúl González informó que sólo Aburto era el autor material e intelectual del crimen y que no había sustento en las hipótesis de un móvil político, crimen de Estado o de otra índole. Para entonces habían pasado tres fiscales especiales del caso desde 1994: Miguel Montes, Olga Islas y Pablo Chapa.
De manera inédita, en la investigación quedaron asentadas declaraciones ministeriales del entonces presidente Ernesto Zedillo, el presidente Carlos Salinas, gobernadores, y decenas de funcionarios y políticos federales y estatales.
La PGR fijó un plazo de 35 años como periodo límite para el ofrecimiento de nuevas pruebas que pudieran reactivar la investigación y que conllevaran a una hipótesis distinta a la del asesino solitario.
A petición del Senado y la Cámara de Diputados, el gobierno del entonces entrante presidente Vicente Fox, emanado del Partido Acción Nacional (PAN), analizó el expediente.
No obstante, el 18 de marzo de 2004 la PGR informó a los legisladores que después de revisar la investigación no había encontrado elemento alguno para reabrirla.
Desde entonces la dependencia no ha vuelto a emitir información oficial sobre el caso.
Video desclasificado del asesinato de Colosio:
Video desclasificado de la autopsia de Colosio:
Captura de Mario Aburto:
Declaraciones:
